El Congreso de los Diputados ha aprobado la proposición de la Ley de Amnistía con 177 votos a favor y 172 en contra, en una sesión marcada por la tensión política y el enfrentamiento entre los diferentes grupos parlamentarios. La medida, que busca la normalización institucional, política y social en Cataluña, ha sido impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez como parte de los acuerdos con los partidos independentistas para garantizar su estabilidad en la legislatura.
La Ley de Amnistía tiene como objetivo exonerar de responsabilidad penal a aquellas personas encausadas por el procés independentista desde 2012 hasta la actualidad, abarcando delitos como la malversación, desobediencia y desórdenes públicos, siempre que no impliquen actos de terrorismo o corrupción. Entre los beneficiados por esta ley podrían estar líderes políticos como Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica desde 2017, así como otros dirigentes independentistas que han enfrentado procesos judiciales en los últimos años.
El debate en el Congreso fue intenso, reflejando la fuerte polarización política que ha generado la medida. Mientras que el PSOE, Sumar y los partidos independentistas defendieron la amnistía como un paso necesario para la reconciliación y la estabilidad política, la oposición, encabezada por el PP y Vox, denunció que se trata de un «pago político» a los partidos separatistas a cambio del apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.
Desde el Partido Popular, su líder, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Gobierno de «someter el Estado de derecho a los intereses de un grupo político», asegurando que la amnistía supone una ruptura con la igualdad ante la ley y un ataque a la independencia judicial. Vox, por su parte, calificó la medida de «golpe a la democracia», anunciando que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional y las instituciones europeas.
El Gobierno y sus aliados defendieron la medida como una herramienta para superar una de las mayores crisis políticas de España, apostando por el diálogo en lugar de la confrontación. La ministra de Justicia, Félix Bolaños, aseguró que la ley permitirá «cerrar heridas y avanzar en una nueva etapa de convivencia», destacando que otras democracias europeas han aprobado amnistías en contextos de crisis políticas.
El impacto de la aprobación de la ley no se limita al ámbito parlamentario. Diversos sectores de la judicatura y asociaciones de fiscales y jueces han mostrado su preocupación por la interferencia política en los procesos judiciales, advirtiendo que la amnistía podría generar un precedente peligroso. Al mismo tiempo, la Unión Europea ha seguido con atención el proceso, con algunos eurodiputados y comisarios expresando dudas sobre la compatibilidad de la medida con los principios del Estado de derecho.
En Cataluña, la reacción ha sido de satisfacción entre los partidos independentistas y sus bases sociales, que consideran la amnistía una victoria política tras años de persecución judicial. Sin embargo, sectores del independentismo más radical siguen exigiendo un referéndum de autodeterminación, lo que deja abierta la incógnita sobre si esta ley logrará realmente desactivar el conflicto político en la región.
Con su aprobación en el Congreso, la Ley de Amnistía deberá ahora continuar su trámite en el Senado, donde el PP intentará frenar su entrada en vigor. No obstante, al tratarse de una proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios, el bloqueo en la Cámara Alta solo podría retrasar su aprobación, pero no impedirla.
El futuro de la amnistía sigue siendo incierto, especialmente ante los posibles recursos judiciales y el papel que juegue la justicia europea. Mientras tanto, el debate sigue encendido en la sociedad española, con manifestaciones tanto a favor como en contra de la medida. Lo que es seguro es que la aprobación de la ley marca un punto de inflexión en la política española, con repercusiones que se sentirán en los próximos años.
