El 15 de julio de 2016, Turquía vivió un intento de golpe de Estado contra el presidente Recep Tayyip Erdoğan, en un evento que dejó cientos de muertos y provocó una de las mayores purgas políticas en la historia del país. El fallido levantamiento, llevado a cabo por una facción del ejército, tuvo como objetivo derrocar al gobierno y establecer una administración militar, pero fue sofocado en cuestión de horas tras una fuerte resistencia de las autoridades y la población civil.
Durante la noche del 15 de julio, grupos de militares golpistas tomaron el control de infraestructuras clave, como puentes en Estambul y el edificio de la televisión estatal TRT, donde obligaron a una presentadora a leer un comunicado anunciando la toma del poder. Sin embargo, el presidente Erdoğan, a través de una videollamada en un canal de televisión, llamó a la ciudadanía a salir a las calles y resistir el golpe, lo que llevó a una masiva movilización de la población en defensa del gobierno legítimo.
A medida que avanzaban las horas, las fuerzas leales al gobierno lograron retomar el control del país. Los enfrentamientos entre soldados golpistas y la policía, así como la resistencia civil, dejaron un saldo de más de 250 muertos y más de 2.000 heridos. Finalmente, al amanecer del 16 de julio, las autoridades declararon sofocado el intento de golpe, con la rendición y captura de miles de militares implicados.
Las repercusiones del golpe fallido fueron inmediatas y profundas. El gobierno de Erdoğan llevó a cabo una purga masiva en las fuerzas armadas, la judicatura, la administración pública y los medios de comunicación, con el argumento de eliminar a los responsables del levantamiento. Más de 100.000 personas fueron despedidas o suspendidas de sus cargos, y más de 50.000 fueron detenidas, incluyendo altos mandos militares, jueces y académicos.
Uno de los principales acusados de orquestar el golpe fue Fethullah Gülen, un clérigo exiliado en Estados Unidos y líder del movimiento Gülenista, al que Ankara calificó de organización terrorista. Erdoğan exigió su extradición, pero Washington se negó, alegando falta de pruebas suficientes, lo que generó tensiones en las relaciones entre ambos países.
El intento de golpe de Estado dejó a Turquía en un estado de emergencia durante dos años, permitiendo al gobierno implementar medidas de seguridad extremas y aumentar su control sobre las instituciones del país. Además, reforzó el liderazgo de Erdoğan, quien en 2017 impulsó un referéndum constitucional que transformó el sistema político turco en un régimen presidencialista con amplios poderes para el jefe de Estado.
A nivel internacional, la comunidad global reaccionó con cautela ante los eventos en Turquía. Mientras algunos gobiernos condenaron el golpe y expresaron su apoyo a Erdoğan, otros manifestaron preocupación por la represión que siguió al levantamiento, alertando sobre el debilitamiento de la democracia y el aumento del autoritarismo en el país.
El golpe fallido de 2016 se convirtió en un punto de inflexión para Turquía, con consecuencias políticas, sociales y diplomáticas de largo alcance. La consolidación del poder de Erdoğan y la reestructuración del Estado han redefinido la trayectoria del país, marcando un antes y un después en su historia reciente.
