En 2015, Grecia enfrentó una de las peores crisis políticas y económicas de su historia reciente, llevando al país al borde del colapso financiero. Tras años de recesión, una deuda insostenible y una serie de medidas de austeridad impuestas por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la situación se agravó hasta un punto crítico que requirió un tercer rescate financiero para evitar la quiebra total del Estado griego.
La crisis griega tuvo sus raíces en la década anterior, cuando el país acumuló una deuda masiva debido a un gasto público descontrolado y prácticas fiscales poco transparentes. En 2010, Grecia recibió el primero de varios rescates financieros de parte de la UE y el FMI, con la condición de implementar severas políticas de austeridad. Estas medidas provocaron un fuerte impacto en la economía, aumentando el desempleo y reduciendo drásticamente los ingresos de la población.
A pesar de los intentos de estabilización, en 2015 Grecia volvió a encontrarse en una situación límite. En enero de ese año, el partido de izquierda Syriza, liderado por Alexis Tsipras, llegó al poder con la promesa de renegociar los términos del rescate y poner fin a las políticas de austeridad. Sin embargo, las negociaciones con los acreedores europeos fueron extremadamente tensas y se prolongaron por meses, lo que generó una gran incertidumbre en los mercados financieros y temor entre los ciudadanos griegos.
En junio de 2015, el gobierno griego anunció un referéndum para que la población decidiera si aceptar o rechazar las condiciones impuestas por la troika (UE, FMI y Banco Central Europeo). Contra todo pronóstico, el «no» obtuvo un 61% de los votos, lo que parecía fortalecer la posición del gobierno para negociar mejores términos. Sin embargo, la reacción de los acreedores fue contundente: Grecia se quedó sin liquidez, los bancos fueron cerrados y se impusieron controles de capital para evitar el colapso del sistema financiero.
Ante la inminente posibilidad de un Grexit (salida de Grecia del euro), el gobierno de Tsipras se vio obligado a ceder y aceptar un tercer rescate financiero en julio de 2015, por un monto de 86.000 millones de euros. A cambio, Grecia tuvo que implementar nuevas reformas estructurales y medidas de austeridad, incluyendo recortes en pensiones, aumento de impuestos y privatizaciones de activos estatales. Estas medidas fueron recibidas con fuerte oposición interna y generaron protestas masivas en el país.
El tercer rescate permitió estabilizar temporalmente la economía griega, evitando un colapso total. No obstante, los efectos de la crisis se sintieron durante años, con un desempleo elevado y una economía debilitada. Grecia logró salir oficialmente del programa de rescates en 2018, pero la recuperación ha sido lenta y los ciudadanos continúan enfrentando las consecuencias de una década de crisis económica y social.
La crisis política y económica de Grecia en 2015 marcó un punto de inflexión en la Unión Europea y puso a prueba la viabilidad del euro como moneda común. Aunque el país logró evitar la expulsión de la eurozona, el episodio dejó en evidencia las profundas debilidades del sistema financiero europeo y la necesidad de reformas estructurales más amplias para prevenir futuras crisis de deuda en la región.
