En el año 2022, Vox dio un paso histórico al entrar por primera vez en un Gobierno autonómico en España, con su incorporación al Gobierno de Castilla y León. Este acontecimiento marcó un hito en la política española, ya que Vox, un partido de extrema derecha que había experimentado un crecimiento notable en las elecciones generales y autonómicas, consiguió un acuerdo de coalición con el Partido Popular (PP) para formar un ejecutivo en esta comunidad autónoma. Este hecho evidenció el ascenso de la extrema derecha en España y reflejó el cambio en las dinámicas políticas a nivel regional.
El acuerdo que permitió la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León fue el resultado de las elecciones autonómicas celebradas en febrero de 2022, donde el Partido Popular ganó las elecciones pero sin obtener la mayoría absoluta. La necesidad de apoyo para formar un gobierno estable llevó al PP a pactar con Vox, lo que provocó una gran polémica política en la región. La incorporación de Vox al ejecutivo regional supuso un cambio de rumbo en la política autonómica, dado que el partido de Santiago Abascal, aunque había sido clave en otras instituciones y en el Congreso de los Diputados, nunca había formado parte de un gobierno regional hasta ese momento.
La entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León se produjo bajo el liderazgo de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, quien encabezó las negociaciones con Vox para conseguir su apoyo. El pacto incluyó una serie de compromisos en diversas áreas, como la protección de la unidad de España, la mejora de la fiscalidad y la oposición a la ley de género. Vox, por su parte, logró obtener carteras en el Gobierno, incluyendo la Vicepresidencia de la Junta, un hecho que subrayó su consolidación como un actor clave en la política regional.
La coalición PP-Vox generó una fuerte división política y social en la comunidad autónoma, y en toda España. Mientras que el Partido Popular defendió el acuerdo como una manera de asegurar la estabilidad política en Castilla y León, muchos sectores de la izquierda y otras fuerzas políticas criticaron el pacto, acusando a Mañueco de ceder a las presiones de la extrema derecha y de poner en peligro el avance de políticas progresistas en la región. PSOE, Unidas Podemos y otros partidos consideraron que el pacto entre PP y Vox representaba un retroceso en derechos y libertades, especialmente en cuestiones relacionadas con la igualdad de género y los derechos LGTBI.
Por otro lado, la entrada de Vox en el Gobierno regional también tuvo una gran repercusión mediática y pública, ya que la presencia del partido de extrema derecha en una administración autonómica se percibió como un símbolo del ascenso del populismo en Europa. Vox, con su discurso crítico hacia el Establishment político, sus propuestas de centralismo y su enfoque conservador en temas sociales, se presentó como una alternativa a los partidos tradicionales. Además, la inclusión de Vox en el ejecutivo autonómico generó un revuelvo político a nivel nacional, pues muchos observadores señalaron que el acuerdo podría ser un precedente para futuras coaliciones en otras comunidades autónomas y en el ámbito nacional.
La entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León también trajo consigo una serie de desafíos internos para el Partido Popular. Algunos sectores dentro del PP mostraron su desaprobación ante el pacto con Vox, preocupados por la imagen de moderación del partido. Sin embargo, Fernández Mañueco y los dirigentes del PP defendieron el acuerdo como una necesidad política, señalando que era vital para evitar unas nuevas elecciones en un contexto de incertidumbre. Esta situación puso de manifiesto las tensiones que existen dentro de la derecha española, donde el ascenso de Vox ha alterado las relaciones tradicionales entre los partidos de centro-derecha y la extrema derecha.
A pesar de la controversia, el pacto de coalición entre PP y Vox en Castilla y León fue ratificado, y el Gobierno regional comenzó a funcionar con la participación activa de Vox en la administración. Desde su entrada al Gobierno, Vox ha tenido una presencia destacada en la política autonómica, promoviendo varias de sus propuestas clave, como la reducción de impuestos y la oposición a leyes de género, que han sido algunos de los puntos más debatidos en la región.
La incorporación de Vox al Gobierno de Castilla y León en 2022 marcó un punto de inflexión en la política autonómica y en la política española en general. Este pacto reflejó el ascenso de la extrema derecha en un momento de polarización política y dejó claro que las dinámicas de las coaliciones en España están cambiando. A partir de este acontecimiento, la presencia de Vox en el gobierno de otras comunidades y en el ámbito nacional se ve cada vez más probable, lo que plantea nuevos desafíos para el sistema político español.
