El 28 de septiembre de 2020, el Tribunal Supremo confirmó la inhabilitación de Quim Torra como president de la Generalitat de Catalunya, convirtiéndose en el primer jefe del Ejecutivo catalán en ejercicio en perder el cargo por decisión judicial. La sentencia ratificaba la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por desobediencia, tras negarse a retirar una pancarta a favor de los políticos independentistas presos durante la campaña electoral del año anterior.
La controversia comenzó en 2019, cuando la Junta Electoral Central (JEC) ordenó a Torra la retirada de símbolos partidistas de los edificios públicos, incluyendo la pancarta con un lazo amarillo y el mensaje «Libertad presos políticos y exiliados» colgada en el Palau de la Generalitat. Torra desoyó la orden y mantuvo la pancarta, alegando que se trataba de una cuestión de libertad de expresión y no de propaganda electoral.
Como consecuencia, el TSJC lo condenó en diciembre de 2019 a un año y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos y a una multa de 30.000 euros por desobedecer una orden expresa de la autoridad electoral. El president recurrió al Tribunal Supremo, pero este confirmó la sentencia por unanimidad, dejando a Torra fuera del cargo de manera inmediata.
La inhabilitación provocó una fuerte crisis política en Cataluña, ya que dejó al Govern en una situación de interinidad hasta la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas. Torra denunció la decisión como un ataque contra el independentismo y una muestra de la judicialización de la política en España, mientras que el Gobierno central defendió el fallo como una aplicación del Estado de derecho.
La salida de Torra supuso el fin de una etapa marcada por la confrontación con el Estado, con el independentismo todavía dividido entre los partidarios de una vía más pragmática y aquellos que apostaban por la unilateralidad. Su inhabilitación fue vista como un símbolo de las tensiones persistentes entre Cataluña y el Gobierno español, reabriendo el debate sobre el papel de la justicia en la resolución del conflicto catalán.
El proceso judicial contra Torra puso de manifiesto el papel clave de la Junta Electoral Central, que en los últimos años ha tenido un peso decisivo en decisiones políticas relevantes. La JEC consideró que el president utilizó su cargo institucional para favorecer una opción política concreta en periodo electoral, algo prohibido por la legislación vigente. Esta decisión generó un debate jurídico y político sobre los límites de la libertad de expresión de los cargos públicos y el margen de actuación de los órganos electorales.
Desde el independentismo, la inhabilitación de Torra fue considerada un acto de represión política, y partidos como Junts per Catalunya y ERC denunciaron lo que consideraban una estrategia del Estado para frenar el movimiento independentista mediante los tribunales. Por otro lado, desde los sectores constitucionalistas se defendió la decisión como una consecuencia del incumplimiento de la ley, recordando que Torra había sido advertido en reiteradas ocasiones antes de ser sancionado.
El relevo de Torra en la presidencia de la Generalitat también fue un punto de tensión, ya que la falta de consenso entre los partidos independentistas dificultó la transición. Finalmente, se optó por un gobierno interino encabezado por el vicepresident Pere Aragonès, quien asumió el liderazgo de forma temporal hasta la celebración de nuevas elecciones en 2021. Esta situación dejó a la Generalitat con capacidades limitadas, generando críticas por la falta de una dirección política clara en un momento de crisis sanitaria y económica debido a la pandemia del COVID-19.
A pesar de su inhabilitación, Quim Torra ha seguido participando activamente en la vida política catalana, defendiendo la necesidad de avanzar hacia la independencia de Cataluña. En varias declaraciones, ha insistido en que su destitución es una prueba más de la necesidad de un Estado catalán independiente, mientras que desde el Gobierno central se ha insistido en la importancia de seguir apostando por el diálogo dentro del marco constitucional.
La inhabilitación de Torra se suma a la larga lista de episodios que han marcado el conflicto entre Cataluña y el Estado español en la última década. Su salida forzada del cargo no resolvió las diferencias entre ambas partes, sino que acentuó la polarización y reavivó el debate sobre el futuro de Cataluña, un tema que sigue estando en el centro de la agenda política en España.
