El 20 de octubre de 2011, la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA) anunció el cese definitivo de su actividad armada, poniendo fin a más de 50 años de terrorismo que dejaron un saldo de 858 asesinatos y miles de víctimas afectadas por su violencia. La declaración fue recibida con alivio por la sociedad española y la comunidad internacional, aunque también con cautela y escepticismo, ya que no incluía una disolución inmediata ni una entrega de armas.
El comunicado de ETA fue interpretado como el resultado de una combinación de factores: la presión policial y judicial, el rechazo social a la violencia, la falta de apoyo político y la pérdida de capacidad operativa tras décadas de lucha antiterrorista. Durante años, las fuerzas de seguridad de España y Francia habían golpeado duramente la estructura de la organización, debilitándola hasta reducir su margen de acción. El desmantelamiento de sus cúpulas una y otra vez dejó claro que ETA se encontraba en un callejón sin salida.
El fin de la violencia de ETA marcó un punto de inflexión en la política española y, especialmente, en el País Vasco, donde el terrorismo había condicionado la vida social y política durante décadas. En este nuevo escenario, la izquierda abertzale, tradicionalmente vinculada al entorno de ETA, comenzó a reconfigurar su estrategia para centrarse en la vía política.
Un mes después del anuncio, en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, la coalición independentista Amaiur, integrada por sectores de la izquierda abertzale, obtuvo siete escaños en el Congreso de los Diputados. Su éxito electoral fue interpretado como una consolidación de su peso político tras el abandono de la violencia y como una estrategia para influir en el futuro del denominado «conflicto vasco» a través del diálogo y la política.
Amaiur aprovechó su representación en el Congreso para exigir una negociación con el Gobierno español sobre cuestiones como el acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco y el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Sin embargo, desde el Ejecutivo y la mayoría de partidos políticos se mantuvo la postura de que no habría concesiones ni negociaciones con ETA, exigiendo su disolución total y la entrega de armas.
A pesar del cese de la violencia, la sociedad española y, en particular, las víctimas del terrorismo, exigieron que ETA asumiera su responsabilidad y pidiera perdón por el daño causado. La banda tardaría varios años en dar pasos en esa dirección. No fue hasta 2018 cuando anunció su disolución definitiva, aunque sin asumir plenamente su culpa ni condenar el terrorismo de forma explícita.
El anuncio de 2011 representó el principio del fin de una de las etapas más oscuras de la historia reciente de España. La política en el País Vasco cambió radicalmente, y la izquierda abertzale, sin el lastre de la violencia, pudo competir en igualdad de condiciones en el escenario democrático. Sin embargo, el legado del terrorismo de ETA sigue presente en la memoria colectiva, y el debate sobre la convivencia, la justicia y la memoria de las víctimas continúa siendo un tema central en la sociedad española.
