A partir de enero de 2010, España dio un paso importante en la lucha contra el tabaquismo con la ampliación de la Ley Antitabaco, que prohibió fumar en todos los lugares públicos cerrados del país, incluyendo bares, restaurantes, discotecas y centros de trabajo. Esta reforma de la ley generó un intenso debate en la sociedad española, dividiendo opiniones sobre la necesidad de proteger la salud pública frente a los derechos de los fumadores.
La reforma fue impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quien defendió la medida como una forma de avanzar en la protección de los no fumadores y mejorar la salud colectiva. España, a pesar de contar con una gran tradición de consumo de tabaco, se unió a otros países europeos en la implementación de restricciones más estrictas en cuanto al uso del tabaco en lugares públicos. Con esta reforma, el país pretendía alinearse con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que desde hacía años había instado a los gobiernos a tomar medidas más agresivas contra el tabaquismo.
Sin embargo, la ley generó una fuerte resistencia entre muchos sectores de la sociedad. En especial, los hosteleros fueron uno de los grupos más afectados, ya que temían que la prohibición de fumar en bares y restaurantes tuviera un impacto negativo en sus negocios. Argumentaban que esta restricción afectaría a la afluencia de clientes, especialmente en aquellas zonas donde la cultura de fumar en bares y cafeterías estaba muy arraigada.
El debate también se centró en la libertad personal. Para muchos fumadores, la ley era una intromisión en sus derechos, ya que consideraban que debían poder decidir si fumar o no en lugares privados. En contraposición, los defensores de la ley argumentaban que el derecho a la salud de los no fumadores debía prevalecer sobre el derecho al consumo de tabaco en espacios públicos.
Además de la prohibición en espacios cerrados, la ley también incluyó medidas adicionales, como el aumento de los impuestos al tabaco, la regulación de la publicidad de productos relacionados con el tabaco y la obligación de incluir advertencias más visibles en los paquetes de cigarrillos. Las autoridades de salud pública esperaban que estas medidas contribuyeran a reducir el número de fumadores en España, que ya mostraba señales de una tendencia a la baja en los años previos.
Con el paso de los años, la aplicación de la ley resultó en una disminución significativa en el número de fumadores y en la exposición al humo pasivo. Aunque al principio hubo algunas protestas y reticencias, especialmente en los sectores más afectados, como la hostelería, los beneficios en términos de salud pública empezaron a ser evidentes. Diversos estudios mostraron que la exposición al humo en espacios cerrados disminuyó considerablemente, lo que se tradujo en una reducción de enfermedades respiratorias y cardiovasculares relacionadas con el tabaco.
El impacto de la Ley Antitabaco se extendió más allá de las fronteras españolas, convirtiéndose en un referente para otros países que también adoptaron medidas similares para controlar el consumo de tabaco y proteger la salud de los no fumadores. Aunque el debate sobre el equilibrio entre la libertad individual y la protección de la salud sigue siendo un tema recurrente, la reforma de la ley en 2010 marcó un antes y un después en la lucha contra el tabaquismo en España.
