En 2007, la Unión Europea (UE) alcanzó un hito importante en su evolución política con la firma del Tratado de Lisboa, un acuerdo fundamental que introdujo una serie de reformas en las instituciones de la UE para mejorar su funcionamiento y hacerla más eficiente y coherente ante los desafíos globales. El tratado, que fue firmado el 13 de diciembre de 2007, representó un avance significativo en la integración europea, aunque también estuvo marcado por la controversia y la preocupación de ciertos sectores de la sociedad y la política europea.
El Tratado de Lisboa fue una continuación de los intentos previos de la UE por consolidarse y fortalecerse. Anteriormente, en 2004, la UE había intentado implementar un tratado similar conocido como la Constitución Europea, pero este proyecto fracasó tras los rechazos de los ciudadanos de Francia y los Países Bajos en referendos. El fracaso de la Constitución Europea significó un punto de inflexión, ya que los líderes europeos comprendieron que era necesario un enfoque más pragmático y consensuado para reformar las estructuras de la UE sin introducir cambios demasiado radicales. Así, el Tratado de Lisboa surgió como una versión más simplificada y flexible de la fallida Constitución Europea, manteniendo los aspectos clave de la integración política y económica.
Una de las principales reformas que introdujo el Tratado de Lisboa fue la creación del cargo de presidente permanente del Consejo Europeo, un puesto que no existía en el tratado original. Antes de la firma de este tratado, el presidente del Consejo Europeo rotaba entre los Estados miembros cada seis meses. El tratado asignó este cargo a una persona con mandato fijo de dos años y medio, con la posibilidad de renovar su mandato. Esta medida buscaba dar a la UE una mayor coherencia y continuidad en sus decisiones, así como una representación más fuerte en el escenario internacional.
Además, el Tratado de Lisboa introdujo una nueva figura, la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que combinaría los roles previos del alto representante de la política exterior y el comisario de relaciones exteriores. Esta reforma fue vista como una forma de dar mayor peso a la UE en la política exterior y reforzar su presencia como actor global, especialmente en cuestiones relacionadas con la diplomacia y la seguridad internacional.
Otro de los cambios más relevantes del Tratado de Lisboa fue la ampliación de las competencias del Parlamento Europeo. Con la inclusión de la co-decisión en muchas áreas clave, como el presupuesto y la legislación en torno al mercado único, el Parlamento Europeo adquirió más poder, lo que dio a los ciudadanos de la UE una voz más importante en la toma de decisiones. A partir de este momento, el Parlamento no solo ratificaba decisiones, sino que también participaba activamente en su creación.
Una de las reformas más comentadas del Tratado de Lisboa fue la introducción de un mecanismo que facilita la salida de un Estado miembro de la UE, lo que quedó reflejado en el Artículo 50. Este artículo fue adoptado años después en un contexto más concreto, con el proceso del Brexit, cuando el Reino Unido decidió abandonar la UE en 2016. El Tratado de Lisboa dejó claro que los países podían abandonar la UE si así lo deseaban, un aspecto que no había sido explicitado de manera formal en tratados previos.
El tratado también estableció el principio de «subsidiariedad», que implicaba que las decisiones de la UE solo se tomarían a nivel comunitario cuando los Estados miembros no pudieran gestionarlas por sí solos. Esta medida fue vista como un esfuerzo para equilibrar el poder entre las instituciones de la UE y los gobiernos nacionales, abordando las críticas de aquellos que consideraban que la UE había asumido demasiados poderes y que las decisiones tomadas a nivel comunitario no reflejaban los intereses nacionales.
Sin embargo, a pesar de sus ambiciosas reformas, el Tratado de Lisboa no estuvo exento de críticas y resistencia. Algunos sectores se mostraron escépticos respecto a las consecuencias de estos cambios, y la falta de un referéndum popular en muchos países generó un debate sobre la legitimidad del tratado. Muchos ciudadanos temían que las reformas otorgaran más poder a las instituciones europeas a expensas de la soberanía nacional.
A pesar de estas críticas, el Tratado de Lisboa fue ratificado por todos los Estados miembros de la UE y entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. Esta reforma institucional supuso un paso crucial en la evolución de la UE, no solo porque estableció mecanismos más sólidos para la toma de decisiones, sino también porque consolidó el papel de la UE como un actor global relevante en cuestiones como el comercio, la diplomacia, la seguridad y la protección del medio ambiente.
